February 8, 2006
As you know, in June 2002, the U.S. bishops promised that victims of sexual abuse would be attended to; that priests who were shown to have ever abused a minor, even once, would be permanently removed from public ministry if not from the priesthood; and that programs would be set up to protect young people from harm. The Archdiocese had started on all of this long before 2002, but new initiatives were begun for training all adults to protect children and the processes to examine allegations were reviewed and strengthened. Records were re-examined to be sure that all priests ever accused of any such sinful activity were not in ministry. The Archdiocese has had a deservedly good reputation in responding to this crisis. It has conformed to national standards and to audits. It has reported, for many years, to the civil authorities every allegation it has received. Many fine and dedicated people have cared for victims and reviewed cases. In particular, we should all be proud of the Victims’ Assistance Ministry, the Independent Review Board and the Professional Fitness Office. These people’s work has been conscientiously and professionally done.
The case of Father Daniel McCormack undermines all this now.
When an accusation of sexual abuse of a minor is made against a priest, the Professional Fitness Review Administrator receives it from the accuser, reports it to the civil authorities and presents it to the Independent Review Board for their consideration. During this first investigation, the priest accused is told of the allegation, his ministry is restricted, he is given a monitor and asked if he has a defense against the accusation. If the Board decides, after their preliminary, but careful, consideration of the accusation, that there is reasonable cause to suspect something happened, I remove the priest from ministry, the various parishes at which he served are notified, any other victims are asked to come forward, the investigation is completed and the case is sent to the Holy See for permission to remove the priest from public ministry. This process did not occur in the case of Father McCormack.
Father McCormack was not in any sense “protected” from the civil authorities by the Archdiocese of Chicago. Before any allegation came to the Archdiocese, he was arrested by the police, questioned and let go. When I learned of his arrest three days after it occurred, I restricted his ministry while we waited for an allegation to begin the process of investigation. It now seems that additional information was available that did not reach our offices. The process we have used well to remove predators was not engaged quickly enough.
I must apologize to all of you for the great embarrassment every Catholic must now feel in the light of media scrutiny of these events. In particular, I am deeply sorry for the pain of those Catholics who are part of St. Agatha’s Parish. They were especially in my prayers on February 5, their feast day. I pray as well for those who have brought these allegations against Father McCormack. He and his family also warrant inclusion in our prayers.
To be sure that the protection of children remains paramount, we will continue to examine what happened with the help of experts not connected to the Archdiocese of Chicago. We will work to be more immediately responsive and to move cases along more quickly. We’ll have to be sure that all information from any source gets to the Archdiocesan offices and is more widely shared, with the civil authorities as usual, but also with others. A case ordinarily begins with a call to the Archdiocesan hotline for sexual abuse reporting (312-751-5205), and we will check on how we might improve that service.
All of this is necessary; none of it will of itself remove the pain of the moment. We can only pray that pain will be redemptive in this case and that the Lord will heal us. I pray that a failure to act more quickly on my part will not harm the Archdiocese itself. You are in my prayers; please keep me in yours. God bless you.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
8 de febrero de 2006
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Como saben, en junio de 2002, los obispos de E.U. prometieron que las víctimas de abuso sexual serían atendidas; que los sacerdotes que se hubiera mostrado que abusaron de un menor, incluso una vez, serían sacados del ministerio público si no es que del sacerdocio; y que se establecerían programas para proteger a los jóvenes de sufrir algún daño. La arquidiócesis había iniciado todo este trabajo mucho antes del 2002, pero tras ese acuerdo se dio inicio a nuevas iniciativas con el objetivo de capacitar a todos los adultos para proteger a los niños y los procesos para examinar las acusaciones fueron revisados y fortalecidos. Por otro lado se volvieron a examinar los archivos existentes para asegurarse que todos los sacerdotes que habían sido acusados alguna vez por tan pecaminosa actividad no estuvieran en el ministerio. La Arquidiócesis ha tenido una bien ganada reputación relativa a la respuesta ante esta crisis. Ha cumplido con los estándares nacionales y con las auditorías. Por muchos años ha reportado a las autoridades civiles cada acusación que ha recibido. Muchas personas buenas y dedicadas han cuidado de las víctimas y han revisado sus casos. En particular, debemos estar orgullosos del Ministerio de Auxilio a las Víctimas, del Comité Examinador Independiente y de la Oficina de Aptitud Profesional. El trabajo de estas personas ha sido hecho de manera concienzuda y profesional.
Todo esto se ve socavado por el caso del Padre Daniel McCormack. Cuando se hace una acusación de abuso sexual de un menor en contra de un sacerdote, el Administrador de la Evaluación de Aptitud Profesional la recibe del acusador, la reporta a las autoridades civiles y la presenta al Comité Examinador Independiente para su consideración. Durante esta primera investigación, el sacerdote acusado es informado sobre la acusación, su ministerio es restringido, se le asigna un monitor y se le pregunta si tiene alguna cosa que decir en su defensa. Si el comité decide, después de la consideración preliminar que hacen acerca de la acusación, la cual es hecha con todo cuidado, que existe causa razonable para sospechar que algo ha sucedido, lo que hago es retirar al sacerdote del ministerio, se notifica a las distintas parroquias en las que pudo haber servido, se pide que si existe alguna otra víctima que lo hagan saber, se completa la investigación y el caso es enviado a la Santa Sede para obtener permiso para retirar al sacerdote del ministerio público. Este proceso no ocurrió en el caso del Padre McCormack.
El Padre McCormack no fue de ninguna manera "protegido” para evitar a las autoridades civiles por parte de la Arquidiócesis de Chicago. Antes de que cualquier acusación llegara a la Arquidiócesis, fue arrestado por la policía, interrogado y puesto en libertad. Cuando me enteré de su arresto tres días después de ocurrido, restringí su ministerio mientras esperábamos una acusación para poder comenzar el proceso de investigación. Ahora parece que cierta información adicional que se encontraba disponible no llegó a nuestras oficinas. El proceso que hemos utilizado para eliminar a predadores sexuales no fue utilizado con suficiente rapidez.
Debo disculparme ante todos ustedes por el gran disgusto que cada católico debe estar experimentando en estos momentos a la luz del escrutinio que están haciendo los medios de estos eventos.
En particular, lamento profundamente el dolor de los católicos que forman parte de la Parroquia St. Ágata. A todos ellos los tuve presentes en mis plegarias el día 5 de febrero, fecha de su festividad. Oro también por aquellos que han presentado las acusaciones contra el Padre McCormack. Él y su familia también tienen asegurada un lugar en nuestras plegarias.
Para asegurarse que la protección de los niños permanece como la principal meta, continuaremos examinando lo que sucedió con la ayuda de expertos que no dependen de la Arquidiócesis de Chicago. Trabajaremos para responder de una manera más inmediata y para resolver los casos con mucha mayor rapidez. Debemos estar seguros que toda información, de cualquier fuente, llegue a las oficinas arquidiocesanas y se comparta más ampliamente, con las autoridades civiles, como es usual, pero también con otras personas. Un caso se inicia de manera ordinaria con una llamada a la línea de teléfono arquidiocesana para reportar abusos sexuales (312-751-5205), la cual será revisada para determinar cómo podemos mejorar dicho servicio.
Todo esto es necesario. Nada de esto quitará por sí mismo el dolor que existe en este momento. Sólo podemos orar para que en este caso el dolor sea redentor y que el Señor nos otorgue su alivio. Pido para que, el error que cometí al no actuar de manera más rápida, no perjudique a la Arquidiócesis. Están ustedes en mis plegarias; por favor téngame en las suyas. Que Dios los bendiga.
Sinceramente suyo en Cristo:
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago
